¿Qué sentido tienen los números?

Por Horacio Vázquez-Rial

Los cálculos sensatos, es decir, aquellos que se remiten a denuncias, dicen que en el periodo de las Juntas Militares argentinas, entre 1973 y 1982 (9 años), desaparecieron unas 8.000 personas, en su casi totalidad con nombre y apellido, aunque no siempre con cadáver. Y dice nuestro compañero Francisco Pérez Abellán, el hombre que más sabe de estas cosas en España, que aquí, entre 1989 y 2005 (16 años), hay 14.000 desapariciones sin resolver y 4.500 cadáveres sin identificar.

Para rematar la comparación, las abuelas argentinas que buscan nietos nacidos en cautiverio (sí, como se dice de los animales) y que podrían haber sido dados en adopción, adoptados por los mismos que secuestraron a sus padres o llanamente vendidos, manejan una cifra de 400, no pocos de los cuales han sido encontrados, en muchos casos porque tenían dudas sobre sus padres adoptivos y se presentaron por propia iniciativa a pedir pruebas de ADN. Ha habido también casos en que los chicos, ahora adultos, fueron localizados y no quisieron saber nada de sus padres biológicos ni de su familia. Es célebre el caso de dos hermanas separadas y criadas en distintas familias: una quiso conocer y relacionarse con su familia de sangre y la otra se negó en redondo, alegando que sus padres eran los que la habían cuidado siempre.

En España hay una denuncia colectiva de 261 personas que dicen haber sido robadas o vendidas y que llegaron a esa conclusión por distintas vías.

Está el señor al que un amigo le dice: «Ayer te he visto en Torrelodones», cuando resulta que él hace años que no pisa esa localidad. «Te habrás confundido –dice–, no era yo». Pero a los dos días otra persona le dice lo mismo y empieza a pensar que hay algo raro. Pregunta cuándo y en qué parte de Torrelodones le han visto, y los dos informantes le responden que cerca de la estación, y uno añade: «Pasabas por ese café que hay en tal sitio». El hombre va, se estaciona dos tardes en ese café y a la segunda se ve pasar. Reúne el coraje necesario para correr detrás de ese otro él y detenerlo. El tipo se da la vuelta y le da un ataque de algo al verse en un rostro ajeno.

Si estuviera escribiendo un cuento, ahora narraría lo que se dijeron, lo que hicieron, pero me voy a limitar a decir que eran hermanos gemelos, que a sus padres les dijeron que habían muerto al nacer y les habían entregado algo en una caja, que estaba enterrado como es debido, y que a ellos les habían vendido por separado. Una trama de médicos, enfermeras, agencias de adopción que dieron visos legales al asunto y quién sabe cuántos más implicados.

También está el señor que no se ve físicamente afín a sus padres, o que sorprende un matiz extraño en una conversación, y que un día pregunta y le confiesan que ha sido adoptado. O no se lo confiesan pero, como es persistente, busca ADN de sus padres y lo lleva a un laboratorio para que lo cotejen con el suyo, y descubre que no es hijo de ellos.

Todas estas cosas, el negocio, los hallazgos, el reconocimiento, han sido el pan nuestro de cada día en Argentina, donde la recuperación democrática llegó de la mano de los juicios a las Juntas Militares y todo se aireó. ¿Cómo salió a la luz la cuestión en España?

Los que hemos hecho o hacemos investigación histórica sabemos que, cuando se busca algo, lo más habitual es que se encuentre otra cosa. Cosa que ignoraron (porque son unos ignorantes) los de la memoria histórica. El plan inicial era dar, al garzoniano modo, con «los niños desaparecidos durante el franquismo», de manera que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se pudiera culpar de una operación de secuestro, falsedad documental, venta de personas, etc., a la Iglesia católica, en la misma línea en que se agitan en todo el mundo los casos de sacerdotes pederastas, que los hay: se estima que un 0,3 por ciento del colectivo, frente a un 3,5 por ciento de pedófilos en el conjunto social, incluido ese vecino tan simpático al que le encantan los lugares exóticos y todos los años se va de vacaciones a Tailandia.

Pero, como siempre suele pasar, lo que salió no fueron curas y monjas, que también, porque era inevitable, dada la estructura hospitalaria española, sino, sobre todo, médicos, matronas, enfermeras, funcionarios del Registro Civil, etc., que actuaron durante décadas, se afirma que hasta los años 90 –yo estoy convencido de que siguen actuando–, traficando con niños a troche y moche.

Se ha constituido ahora la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que ya no se dedica a la época de Franco, sino a los adoptados en épocas posteriores. Esta asociación es la que ha presentado la denuncia de los 261. Conde Pumpido, entre cuyas virtudes más notorias no se halla la transparencia, ha respondido que la Fiscalía General no puede hacerse cargo de la investigación de todos esos casos, repartidos por todas las taifas autonómicas y provinciales, de modo que va a ordenar, no sé si por provincias o por taifas, que los jueces de los distintos lugares se hagan cargo de cada caso. O sea: desactivó la bomba de una demanda conjunta, y lo peor es que el abogado de los 261 aceptó encantado.

Dicho todo esto: ¿cómo es posible que en un sistema democrático haya un número equivalente de desaparecidos y cadáveres sin nombre al registrado en una dictadura feroz enfrentada a unas organizaciones clandestinas tan feroces como ella? En la dictadura argentina, entre 900 y 1.000 al año (8.000 en 9 años). En la democracia española, más de 1.000 al año (18.500 en 16 años). Cuatrocientos niños arrancados de sus padres en nueve años, frente a miles en décadas. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Cabe pensar que no se trata únicamente de una falsa democracia, en la que todos los poderes están sometidos al ejecutivo (socialista, porque en la etapa Aznar el judicial mantuvo suindependencia, es decir, siguió relacionado con el PSOE), sino que, además, los niveles de tolerancia con el delito son asombrosos, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (que la izquierda quería disolver en 1976-1982) no están desarrollando plenamente su labor, por la razón que sea, desde unos sueldos miserables hasta carencias de orden tecnológico: no todo es CSI, lo sabemos, pero 14.000 desaparecidos son muchos, y 4.500 cadáveres sin nombre, infinitamente más.

El trato dado por los tres poderes (en uno) a ETA, que no es generoso sino estúpido y criminal, ha dado lugar a una interpretación laxa de la ley –los etarras que no están en libertad están a punto de salir de la cárcel– que se extiende a toda la sociedad: si Otegi no está preso, tampoco tiene por qué estarlo el Rafita. Pero, además, sea o no dura su aplicación, nuestro sistema legal es insuficiente: pensar que ningún hombre o mujer, vistos sus crímenes, ha perdido para siempre su derecho a vivir entre sus semejantes es una majadería. Poner la prisión perpetua en el mismo nivel que la pena de muerte es de iletrados. Desoír los reclamos de las víctimas del terrorismo es política y moralmente inaceptable, y marca el camino hacia la sordera ante otras tragedias, particulares, desde las niñas de Alcàsser hasta Marta del Castillo. ¿Por qué no vamos a aceptar el silencio pertinaz y perverso de Miguel Carcaño, si aceptamos el de los etarras?

He visto en la tele a Pedro J. Ramírez entrevistar al hombre que le había querido asesinar, el pentito Soares Gamboa. He visto a Jordi González entrevistar al prófugo Rodríguez Menéndez en horario de máxima audiencia, con el Dioni, al que han convertido en estrella mediática, como periodista ocasional. La idea es que para hablar sobre el delito no hay que convocar a un criminólogo, sino a un delincuente, que seguramente es un experto. No tendría que llamarme la atención si considero que el actual vicepresidente fue hombre de confianza de Mr. X en el caso GAL.

Pero que alguien me explique lo de los 14.000 desaparecidos y los 4.500 cuerpos anónimos. En esta inmensa confusión de roles en que nos han ido metiendo, pienso iniciar una campaña en favor de la designación de Paco Lobatón para director general de la Policía o, por qué no, ministro del Interior. Si el ministro Mayor Oreja y el director de la Policía Juan Cotino, ahora vicepresidente de la Generalidad Valenciana, no hicieron respecto del caso Alcàsser más que encontrar unos falsos huesos de Anglés en Irlanda, tengo derecho a pedir que venga Lobatón a buscar a los 14.000. Por no hablar de Ibáñez Freire y Juan José Rosón, a quienes se les presentó el caso Urquijo: Rafi Escobedo, presunto de presuntos, murió en la cárcel en 1988, dicen que de suicidio, en tiempos del gobierno de Felipe González, en el que el crimen se extendió desde Moncloa hasta el último rincón de España.

Tenemos razones para preocuparnos. No parece, pero la inseguridad, callada, no promocionada en la prensa, es uno de nuestros problemas más graves.

Vía Libertad Digital

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